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Editorial 06.05.14

Editorial 06.05.14 Fecha: 0000-00-00
La semana pasada el cotarro poltico se sacudi nuevamente por causa, otra vez, de la seora ?Primera Dama? de la Nacin, Nadine Heredia.  Esta vez, la seora Heredia ha generado revuelo a raz de una entrevista que un medio escrito le hiciera con ocasin de la cercana al da de la madre.  La entrevista pauteada originalmente en formato social, como corresponda al estilo del medio, termin sirviendo de ?pista de aterrizaje? de una diversidad de confesiones que bien podran caracterizar en algn sentido el pensamiento poltico de la entrevistada.  

Aparentemente lo declarado por la seora Heredia al medio, permitira constatar una serie de ideas y juicios de valor que una mayoritaria porcin de la ciudadana ha venido desarrollando en torno a su papel como esposa del Presidente de la Repblica, y especficamente, como la ?consejera? ms importante del Primer Mandatario.

Las circunstancias que rodearon el perodo entre la etapa de la post-entrevista y la publicacin del material, an son materia de intensas especulaciones, debido a los fallidos intentos realizados tanto por parte de la propia entrevistada como por terceras personas en nombre de ella, para detener la publicacin de ciertas partes de la entrevista, tal como ha sido denunciado pblicamente por la propia Editora General del medio (la revista ?Cosas?).  Es este contexto el que engendra una serie de anlisis de todo tipo, desde los que analizan la posible vulneracin a la libertad de prensa, uno de los pilares del Sistema Democrtico, hasta los que intentan sondear la personalidad de la ?Primera Dama? para encontrar en ella las races de su posible intromisin en las decisiones de su marido, nada menos que el Presidente constitucionalmente elegido del Per.

En la lnea de los temas que nos ocupan, LICITA PER quisiera proponerle a sus lectores, usuarios y clientes otra perspectiva de anlisis, en torno especficamente a lo manifestado por la Editora General de la revista ?Cosas? (Isabel Miro Quesada), respecto de las llamadas telefnicas que habra recibido tanto el periodista a cargo de la entrevista (Gabriel Gargurevich), como otros directivos de dicho medio por parte de ?empresarios muy importantes del pas?.  Segn lo declarado por Isabel Mir Quesada, empresarios muy importantes llamaron a la revista indicando que haban sido ?contactados directamente por la seora Nadine Heredia? para que intermedien por ella en el pedido de ?sacar partes de la entrevista concedida a la revista?.  De acuerdo con la versin hecha pblica por Isabel Mir Quesada, estos empresarios se notaban ?muy incmodos? con el rol de intermediarios que haban aceptado ejercer en nombre de la ?Primera Dama?, siendo evidente que tal incomodidad derivaba de la ?obligacin? (no se sabe de qu tipo) que parecan sentir para dedicar su importante tiempo a tan ajetreados afanes.

Mir Quesada ha revelado incluso que las llamadas fueron efectuadas por los propios hombres de empresa directamente desde sus celulares ?particulares?, cosa que de alguna forma revelara la naturaleza personal e indelegable de esta misin especial.

Ahora bien, giremos un momento hacia algunos conceptos bsicos.  El artculo 76 de la Constitucin Poltica del Estado de 1993 establece que ?Las obras y la adquisicin de suministros con utilizacin de fondos o recursos pblicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitacin pblica, as como tambin la adquisicin o la enajenacin de bienes.

La contratacin de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto seala la Ley de Presupuesto se hace por concurso pblico.  La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades? (el resaltado es nuestro).

A partir de esta regla constitucional se infiere claramente que cuando el Estado requiere adquirir bienes, contratar servicios o construir obras con recursos pblicos, o sea, con recursos de todos los ciudadanos, deber necesariamente poner en marcha procedimientos administrativos especficamente normados (licitaciones y concursos pblicos).  La excepcin a esta regla, es decir, la contratacin discrecional sin realizar los procedimientos debidos, o lo que sera lo mismo, contratar ?a dedo?, slo puede ser establecida por Ley.

Las licitaciones o los concursos pblicos, as como los otros tipos de procedimientos (adjudicaciones directas selectivas o pblicas, o adjudicaciones de menor cuanta), tienen su fundamento en la seleccin de los proveedores en funcin de sus mritos, de ah que a dichos procedimientos se les denomine ?procesos de seleccin?.  La racionalidad de este concepto est vinculada ? esencialmente ? al ?Principio de Igualdad? del que debiramos gozar todos los ciudadanos del pas, y evidentemente todos los proveedores que desean contratar con el Estado peruano.  Es por dicho principio que todos tienen (o deberan tener) las mismas oportunidades y posibilidades de concurrir y competir en los procesos de seleccin destinados a elegir a los proveedores que puedan satisfacer de la manera ms idnea las necesidades o requerimientos que tiene el Estado.  

As, en teora, los procesos de seleccin permiten que a partir de una pluralidad de ofertas, el Estado ? que nos representa a todos los ciudadanos ? pueda escoger al proveedor que demuestre los ?mejores mritos? tcnicos y econmicos, lo que sin duda tendr que ver con el hecho de que su oferta represente la mejor relacin ?costo-beneficio? para el Estado.  Este razonamiento, si lo piensa detenidamente, no tiene nada de nuevo ni de complicado, pues es exactamente lo que usted hara como comprador en cualquier caso en el que necesite adquirir un bien o contratar un servicio para su hogar, con dinero obtenido por el esfuerzo de su familia.  ?Obtener lo mejor?, pasa necesariamente por seleccionar o elegir la alternativa del mercado que maximice su satisfaccin minimizando el costo, circunstancia que slo podr ser alcanzada en la medida en la que usted cuente con pluralidad de ofertas e informacin transparente, de modo que merite bien las opciones a fin de elegir ?lo mejor? en cada caso.

El artculo 4 de la Ley de Contrataciones de Estado, Decreto Legislativo N 1017, instituye diversos principios que rigen las Contrataciones del Estado, cuyo rol rector busca responder a la lgica precedentemente comentada.  Tres de estos principios son clave en este anlisis: i) el Principio de Transparencia, ii) el Principio de Imparcialidad, y iii) el Principio de Trato Justo e Igualitario.

En resumen, los principios mencionados no hacen sino determinar criterios que sirvan de gua a los funcionarios estatales para que stos cumplan con la obligacin de seleccionar la mejor oferta de provisin de bienes, servicios u obras sobre la base de informacin pblica suficiente, completa objetividad y probada neutralidad.  Cualquier aspecto, situacin o circunstancia que contamine o perturbe la aplicacin de estos principios, sin duda abrir la posibilidad para que la eleccin pueda ser cuestionada por poco transparente, parcializada o subjetiva.

Desde esa lnea de razonamiento, vale mencionar que tanto los estudios realizados sobre la corrupcin en las contrataciones pblicas por TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (http://www.transparency.org/whatwedo/pub/handbook_for_curbing_corruption_in_public_procurement), como los efectuados sobre conflicto de intereses por la ORGANIZACIN PARA LA COOPERACIN Y EL DESARROLLO ECONMICO (http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf), coinciden en sealar que la importancia de la distancia debida entre ?el Poder? y el sector empresarial, es un elemento clave para lograr la ansiada neutralidad en las contrataciones de bienes y servicios, o en la construccin de obras con dinero pblico.  Un Estado que acta en contrario, es decir, que no distingue el inters pblico del privado, corre el riesgo de padecer el flagelo de la corrupcin en sus contrataciones pblicas.  La corrupcin en las contrataciones pblicas genera mltiples consecuencias: Desde el punto de vista econmico, produce prdidas al Estado, pues normalmente origina sobrecostos o desvo de fondos pblicos.  Desde el punto de vista institucional, pervierte el ?sistema de reglas? (Estado Constitucional de Derecho), haciendo que la gente prefiera ?saltrselas?, pues percibe que las normas se aplican distinto segn convenga mejor a los intereses de unos cuantos en detrimento de la mayora.  En lo poltico, la democracia se deslegitima como sistema, cuando la ciudadana se percata que el Poder conferido a los que gobiernan o ejercen funcin pblica, no es utilizado en beneficio de la mayora sino de una minora cercana a ellos.  Finalmente, desde la perspectiva social, las conductas incorrectas dejan de ser la ?excepcin? y se convierten en la ?regla?, lo que implica a su vez dos cosas: i) que los comportamientos adecuados terminan siendo disfuncionales al ?sistema corrupto?, lo que podra explicar por qu personas honestas terminan ?coimeando? en un concurso pblico de mritos en el que, de no hacerlo, no tendran la mnima posibilidad de conseguir una plaza de trabajo; y ii) que el nivel de tolerancia a la corrupcin aumenta notablemente, en la medida en la que se vuelve ?normal? que el Estado prefiera contratar con las empresas ms allegadas al Poder que hacerlo con aquellas que ofrecen el mejor bien, servicio u obra, de donde podra provenir el viejo adagio popular referido a los gobernantes: ?roba pero hace?.

En todo este contexto, qu implicara la circunstancia denunciada por la Editora general de la revista ?Cosas? sobre el hecho que algunos empresarios muy importantes habran llamado a dicho medio de prensa escrita, para ?interceder? por la ?Primera Dama? y requerir que ciertas partes de la entrevista que haba concedido por ella no sean publicadas?; Qu intereses comunes con la ?Primera Dama? podran llevar a empresarios de ese nivel a ?abogar? por ella, aun cuando la misin les pareciera incomoda o hasta un tanto ridcula?; Cmo se pueden vincular estos supuestos intereses comunes con el hecho de que la propia ?Primera Dama? ha sealado que coordina y articula con los Ministros de Estado y sus asesores, dizque en su calidad de Presidenta del Partido Nacionalista?.  Las repuestas a estas cuestiones no son fciles de resolver, y probablemente nunca se resuelvan.  Lo nico que parece quedar claro ? desafortunadamente - es la percepcin de que en este caso la lnea divisoria entre el inters pblico y el inters privado est poco definida, y por tanto, en el supuesto en el que estos empresarios alguna vez postulen a una Licitacin o a un Concurso Pblico importante -acorde con sus ?espaldas financieras?- junto con los principios establecidos en el artculo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado, sus ofertas tambin podran gozar de un principio adicional, un ?nuevo principio?, un principio no escrito todava en ninguna norma, y gracias a dicho principio, quiz podran lograr hasta la adjudicacin de la tan anhelada Buena Pro.  Mucha suerte seores!...



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